Desde hace unos veinte años han proliferado en España los programas y medidas dirigidos a luchar de manera específica contra el fracaso escolar, sin embargo el problema continúa y no se observan cambios de tendencia como consecuencia de la aplicación de los mismos. Su impacto ha sido en el mejor de los casos algo puntual, con una repercusión limitada sobre un reducido número de estudiantes, teniendo en cuanta el número de afectados. La falta de eficacia de estos programas reside básicamente en tres causas interconectadas entre sí, ninguna de las cuales tiene que ver con el grado de calidad técnica intrínseco que estos puedan tener:
1. Se ha abordado el problema sin hacer un diagnóstico de cuáles son sus causas, y sin adoptar medidas orientadas a enfrentarlas. Se da por supuesto que la causa de fracaso le compete exclusivamente al estudiante, y en todo caso a su familia, un diagnóstico del problema que se evidencia como errado, pues pretende eximir de cualquier responsabilidad al sistema educativo y a la propia sociedad.
Mientras se sostenga que lo que les pasa a los estudiantes en las aulas, lo que aprenden o dejan de aprender, depende en su mayor parte o en exclusiva de ellos y de sus familias, pero no de la escuela ni de las políticas educativas, los focos de atención seguirán centrados en los sujetos, en sus déficits y en su descalificación, y el fracaso escolar seguirá ahí.
Por tanto, para erradicar el fracaso escolar las actuaciones no pueden recaer solo, como hasta ahora, sobre los estudiantes con dificultades académicas. Habrá que adoptar una visión sistémica del problema. Se tendrán que contemplar estrategias que contribuyan a la articulación de acciones en las que participen además los centros, el conjunto del profesorado, las familias, la comunidad, etc. amparadas por políticas sociales y educativas que estén orientadas a generar compromisos y alianzas contra el desapego escolar y la exclusión socioeducativa.
2. Estos programas y medidas suelen partir de una visión acrítica de la situación, y considerar el fracaso escolar como algo excepcional, puntual, en vez de reconocer que se trata de un problema generalizado. En consecuencia, se prefiere adoptar medidas que tienen un carácter “especial” en vez de medidas generales sobre el conjunto del sistema educativo. Por tanto, son medidas que tienen un carácter reactivo y paliativo, donde predominan más las buenas intenciones y el voluntarismo, incluso el paternalismo, que el análisis riguroso de las causas y la adopción de medidas acordes con la naturaleza del problema.
No se entenderá ni afrontará adecuadamente el fracaso escolar, hasta que no se reconozca que el actual sistema educativo genera, mantiene y legitima la existencia de unas elevadas tasas de fracaso escolar, a través de una determinada cultura y concepción de la educación, del tipo de contenidos y aprendizajes que se exigen, de las metodologías y materiales utilizados, de lo que se valora y evalúa, de la organización de los centros, etc.
Por lo que una política que quiera atajar el fracaso escolar conlleva una transformación del sistema educativo y de la propia sociedad de la que éste forma parte. Donde se garantice la equidad, una educación inclusiva, y de calidad. Esto es, sin contenidos devaluados, sino rigurosos, relevantes, significativos, conectados con el mundo de los estudiantes y aptos para enriquecer sus capacidades de comprenderlo y criticarlo. Donde se premie la resolución de situaciones y problemas, la comunicación, la creatividad, la construcción de una imagen positiva de sí mismos y de establecer vínculos con los demás, basados en derechos y en deberes, etc.
3. Los programas contra el fracaso escolar se asientan en una concepción social, cultural y política dual de la educación. Según la cual la solución del fracaso escolar pasa por la segregación de los estudiantes que no van bien, con dificultades o en situación de riesgo, para lo cual hay que habilitar espacios específicos adaptados para ellos. De manera que el resto de los estudiantes desarrollen su actividad en espacios que mantengan intacto el orden escolar vigente y protege, y les protejan de las “molestias” e interferencias que suponen y generan aquellos otros estudiantes.
Así, los programas y medidas contra el fracaso escolar se dirigen de manera exclusiva a los estudiantes que presentan este problema, se desarrollan en espacios o centros especiales, o en tiempos diferenciados, y por profesores específicos. No son programas diseñados pensando en un currículo que contemple la diversidad del conjunto de los estudiantes. Por lo que estos programas contribuyen a la fragmentación del sistema educativo, con currículos diferentes para distintos tipos de estudiantes y profesores, impartidos en espacios y /o centros también diferentes.
Estos programas no solo no reducen el fracaso académico, sino que contribuyen a que la cultura excluyente en la que se asienta se vea aún más reforzada. Pues legitiman la idea de que son los estudiantes (y sus familias, en todo caso) los únicos responsables de su fracaso, y de que solo fuera de los espacios ordinarios y con programas excepcionales es posible atender sus necesidades. Por lo que con ellos se refuerzan las desigualdades existentes en la sociedad, en vez de que contribuyan a reducirlas. Pero hasta que no se reduzcan las desigualdades educativas y se garantice de manera efectiva el derecho a la educación de calidad para todos los estudiantes será imposible terminar con el fracaso escolar.
Juan Manuel Escudero Muñoz y Begoña Martínez Domínguez son dos autores que han reflexionando sobre estas cuestiones, se recomienda por ejemplo su artículo: “Las políticas de lucha contra el fracaso escolar: ¿programas especiales o cambios profundos del sistema y la educación?”.
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¡No al Fracaso Escolar! 