La falta de transparencia de los centros educativos

Podemos ver en directo por internet lo que sucede en cada momento en la superficie del Sol, cada vez son más los centros de educación infantil (sobre todo los de 0 a 3 años) que abren una ventana a los padres a través de internet para que puedan visualizar lo que hacen sus hijos en cualquier momento, las web de las universidades están repletas de información sobre sus grados, másters, retransmiten por internet sus consejos de gobierno, etc., incluso hemos empezado a exigir transparencia a los políticos… Y, sin embargo, a los colegios e institutos no solemos demandarles esa transparencia, aunque sabemos muy poco sobre lo que sucede en ellos puertas adentro.

Algunos ejemplos de ello, ¿por qué son escasísimos los colegios o institutos que publican en sus web su Programación General Anual (PGA), con las programaciones de las distintas materias (asignaturas) que imparten? Son documentos públicos, en los que cualquier familia, o ciudadano en general, tiene derecho a ver cuáles son los objetivos que se persiguen, cómo se pretenden alcanzar, qué metodologías se van a utilizar, cómo se van a evaluar y con qué criterios, etc. Junto al Proyecto Educativo de cada Centro son, de alguna manera, el “contrato” que los Centros suscriben con las familias, por eso deben estar en sus web.

En cambio, con frecuencia los centros se limitan a depositar un ejemplar de la PGA en la secretaría de los centros para de esa forma sortear su obligación de hacer público el documento, de manera que los miembros de la comunidad educativa que quieran consultarlos solo disponen de ese ejemplar para poder hacerlo, cuando podrían tenerlos a su disposición en la web de los centros.

Que la sociedad tenga un fácil acceso a estos documentos y los conozca, contribuiría a que los centros dejen de ser una «caja negra», a acercar a las familias a los centros, a que se impliquen más en la educación de sus hijos.

Otro ejemplo, ¿por qué los centros, los propios sindicatos de profesores y muchas familias no quieren que se hagan públicos los resultados académicos de sus colegios e institutos?

Dicen que será fácil hacer rankings y eso propiciará desigualdades entre los centros. ¿Pero es que acaso las desigualdades no existen ahora? ¿Piensan que la forma de resolver las situaciones de desigualdad es ocultándola, negándola?

Es difícil que una sociedad corrija los problemas de desigualdad que la recorren si no soluciona las carencias de transparencia que presentan sus instituciones y organizaciones. La libertad y la democracia se ven igualmente restringidas y recortadas en la medida en que lo está también la transparencia. 

A los que no les gusta la transparencia es porque algo quieren ocultar, ¿quizá desidia, falta de esfuerzo, privilegios, el no haber llevado acciones de mejora durante años, ….? y, sobre todo, no querer rendir cuentas. Por ejemplo, pocos son los centros que publican en sus web los planes de mejora que emprenden contra el fracaso escolar, y el seguimiento y evaluación que hacen de los mismos.

¿Por qué no quieren que se conozcan abiertamente las Programaciones de cada centro, que se sepan cuáles son las tasas de fracaso escolar de cada uno de ellos? Quizá sea porque no se ha hecho ni se quiere hacer nada para solucionar determinados problemas. En todo caso, quienes no tienen nada que ocultar no deberían tener miedo a la transparencia. Quienes trabajan con menores han de ser los primeros interesados en prestar un especial cuidado y atención a dotar de la máxima transparencia a los centros educativos.

La Escuela que no rinde cuentas a las familias y a la sociedad en general, que no es transparente, no se puede decir de ella que sea realmente Pública.

Las Leyes de Educación que ha habido, y que hay, no impiden el que pudiera haber una mayor transparencia y participación de toda la Comunidad Educativa en los colegios e institutos, y que se abran todos los canales que se consideren oportunos para lograrlo. Al contrario, les exigen ser transparentes. Igualmente, la Ley 19/2013 de «transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno» obliga a los centros educativos a publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, lo que denomina «publicidad activa». Las carencias en la transparencia de los centros no es tanto un problema de falta de legislación o de una legislación inadecuada, como de la falta de voluntad de los propios centros y de las diferentes Administaciones para hacer cumplir lo dispuesto en las Leyes.

Probablemente, si las madres y los padres demandaran más información y transparencia a los centros educativos, esta situación no se produciría. Pero hoy por hoy a pocas familias a las que parece que les interese o importe contar con una información de calidad sobre los colegios e institutos, o temen que una demanda de transparencia sea mal entendida por el colectivo docente e interpretada como un gesto de desconfianza, que pueda afectar negativamente a los resultados académicos de sus hijos. Esta falta de cultura democrática que marca las relaciones entre el profesorado y las familias es un gran obstáculo para la mejora de nuestro sistema educativo.

Igual que se rehuye publicar información abiertamente en la web de los centros, también se reducen a lo imprescindible (o al mínimo legal) las reuniones de los docentes de los colegios e institutos con el conjuntos de madres y padres. Lo habitual es que haya solo una reunión de estas características al comienzo del curso, donde la dirección y los docentes de los centros tienden a hablar “a” los padres“, más que a hablar «con” los padres, porque la misma se plantea y se percibe como un mero trámite.

Prima en los centros, en consecuencia, la comunicación con un enfoque individualizado, donde los boletines de notas personalizados y las tutorías con cada familia por separado son los instrumentos preferidos, acordes con una cultura «liberal de mercado» que entiende la Educación como una prestación de servicios por parte de los centros educativos, más que como un proceso colectivo en el que participan múltiples agentes (docentes, familias, colectivos sociales del entorno, etc.) Aún así, esos canales también suelen presentar notables carencias. Los boletines de notas que trimestralmente los centros remiten a las familias tienden a limitarse a un listado de números, y ocasionalmente a algunos comentarios genéricos. No aportan una información «profesional» sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas,  en la que se valore la adecuación del rendimiento a las capacidades y posibilidades del alumno, con indicación de las medidas educativas que se proponen por el equipo docente para contribuir a que el alumno alcance los objetivos en las distintas materias.

Este tipo de información tampoco es habitual que se facilite en las tutorías, donde se suele abusar de «los lugares comunes» (tiene que estudiar más, estar más atento, hacer los deberes, etc.) en detrimento de ese tratamiento más profesional del aprendizaje de los alumnos. La tutorías también frecuentemente se utilizan para tratar de manera individual problemas de carácter disciplinario, evitando de este modo la adopción de enfoques y acciones coordinadas colectivamente entre toda la comunidad educativa. En todo caso, si los padres se implicaran más en la educación que reciben sus hijos en los colegios e institutos, y los docentes propiciaran esa implicación, una hora de tutoría a la semana no sería suficiente para que cada docente atendiera adecuadamente a todas las familias de sus alumnos.

Estas carencias en la información que los centros proporcionan a las familias, y en la transparencia de la actividad  que desarrollan, propician además la desconfianza y la perdida de legitimidad. La proliferación de los grupos de WhatsApp de los padres obedecen en buena medida a esta situación, son una respuesta a las carencias existentes en la comunicación formal de los colegios e institutos, poco frecuente y escasa. Lo cual hace que en ocasiones las relaciones entre los docentes y las familias sean tensas, y dificulten la necesaria colaboración que han de tener para contribuir al éxito educativo de sus alumnos e hijos.

De igual manera, el que polémicas como la del «veto o censura parental» no tendrían mayor trascendencia si la mayoría de los colegios e institutos contaran con estrategias efectivas para implicar a los padres en sus procesos educativos, y no se limitaran a trasladarles una información muy escasa de lo que hacen. Cualquier ciudadano debe poder saber, a un golpe de click, qué se hace en cualquier centro educativo y cómo se hace. Mejoraríamos la transparencia y evitaríamos muchos bulos.

 

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