El adecuado funcionamiento de los Sistemas de Educación y Salud son dos de las bases para garantizar algunos de los derechos fundamentales con los que cuenta todo ciudadano, y al mismo tiempo también constituyen las bases sobre las que se asienta el bienestar del conjunto de una sociedad. De tal manera que el acceso en igualdad a la educación y a la salud constituye aparentemente un principio articulador de nuestra sociedad.
Pero, ¿qué significa garantizar el derecho a la Salud y a la Educación?, ¿tienen el mismo valor e importancia para nosotros ambos derechos?, ¿exigimos a ambos derechos el mismo grado de cobertura?…
En el caso de la Salud, existe un cierto consenso sobre que todos los ciudadanos que enfermen, se accidenten, etc. tienen derecho a ser tratados con igualdad en el Sistema de Salud. Eso significa que, independientemente de su condición sociocultural o económica, tienen derecho a que el Sistema ponga los medios pertinentes para diagnosticarles las dolencias que tengan, y a recibir el tratamiento que se considere más correcto para superar las enfermedades o afecciones que les aquejen. Por eso en nuestra sociedad para una gran mayoría resulta escandaloso que pueda haber algunas personas sin cobertura sanitaria, o el que existan listas de espera para algunos servicios de superan el año. Igualmente, resultaría escandaloso que el Sistema de Salud, que se mantiene con las aportaciones de todos los ciudadanos, arrojase estadísticas en las que se mostrara que pacientes que se han encontrado afectados por dolencias similares, unos se recuperaran satisfactoriamente de las mismas en poco tiempo, y a otros su afección les durase mucho más tiempo e incluso se convirtiera en algo crónico, y se comprobara que esto estuviera altamente correlacionado con el nivel sociocultural y económico de los pacientes. Ya que es un signo de identidad de nuestro Sistema de Salud que, por ejemplo, el criterio para realizar un determinado trasplante obedece en primer lugar al orden que se ocupa en la solicitud del mismo y en segundo lugar a los criterios médicos relacionados con su viabilidad.
Esta lógica de lo que significa el derecho a la Salud no se aplica sin embargo con el derecho a la Educación, el cual parece reducirse exclusivamente a la simple escolarización formal de los menores. De esta manera, independientemente de cuáles sean las características de los niños, en la práctica, en nuestro Sistema Educativo mayoritariamente se suele pretender que todos los niños de una misma edad aprendan lo mismo, de la misma manera, en la misma aula y al mismo tiempo. Si hacemos el paralelismo con el Sistema de Salud, sería algo así como que a todas las personas que cruzan las puertas de un hospital se les aplicara el mismo tratamiento tomando como única referencia para el diagnóstico su edad.
En el ámbito de la Educación, los niños y los jóvenes tienen que realizar regularmente distintos tipos de exámenes, pero los resultados de estos exámenes no se utilizan para diagnosticar sus dificultades en el proceso de aprendizaje y adoptar en consecuencia medidas correctoras que les ayuden a avanzar adecuadamente es ese proceso, tal como los diagnósticos de los médicos sirven para adecuar el tratamiento que requiere cada paciente. Al contrario, en el Sistema Educativo español lo habitual es utilizar los resultados de los exámenes para clasificar y seleccionar a los alumnos, y no como una herramienta para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Aquellos que no superan las pruebas, en vez de facilitarles otro “tratamiento” se les obliga a que vuelvan a repetir el mismo “tratamiento” que ya se demostró que con ellos no había sido el idóneo. Se cuestiona por tanto la capacidad o la actitud de los estudiantes (imaginemos que los médicos hicieran los mismos con sus pacientes más jóvenes), no la pertinencia de método seguido (“tratamiendo”) para lograr su aprendizaje. Como es lógico, en la mayoría de los casos los niños y jóvenes que se ven obligados a repetir curso, haciendo lo mismo y de la misma manera, vuelven a fracasar. Pero esto parece no importar mucho, porque implícitamente se piensa que no todos tienen por qué graduarse en Educación Obligatoria, en cambio socialmente resulta inadmisible que haya menores que no tengan garantizada una adecuada atención sanitaria.
En los casos de “mal comportamiento”, se expulsa de los colegios e institutos a niños y adolescentes durante días e incluso semanas, con el beneplácito de la Administración, el profesorado y las familias. Nadie parece escandalizarse, aunque si nos escandalizamos si un médico decide no atender a un paciente por ser un mal enfermo, ser fumador, ingerir alimentos no saludables o padecer una enfermedad que no se cura con los medicamentos convencionales.
Son también pocas las personas que muestran preocupación porque exista una alta correlación entre el fracaso escolar y el origen sociocultural y económico de los estudiantes. Se ve como algo natural que el Sistema Educativo sea muy poco eficiente a la hora de corregir las desigualdades de origen. Es más, se presentan estos datos sin ningún pudor, como si la responsabilidad de tal fracaso fuera de las familias con menor nivel sociocultural, y no de un Sistema Educativo diseñado sin tomar en consideración las necesidades y características de estos niños y sus familias. La sensibilidad y la empatía que existe con los menores que padecen cualquier enfermedad, independientemente de su origen social, no existe con los niños y jóvenes que fracasan en el Sistema Educativo.
El que casi el 40% de los adolescentes de 15 años haya repetido al menos un curso, el que miles de ellos no consigan graduarse en la Educación Secundaria Obligatoria, o que casi una cuarta parte de los jóvenes abandone prematuramente los estudios, no se percibe como un drama que condiciona de manera importante las posibilidades de poder disfrutar de un mayor bienestar.
Por eso, prácticamente la totalidad de los padres nos preocupamos y prestamos toda nuestra atención al menor síntoma de que alguno de nuestros hijos pueda estar enfermo o padecer algún tipo de afección. Sin embargo, hay muchísimos padres que no le dan esa relevancia a los malos resultados académicos de sus hijos. Los propios docentes tampoco estiman que pueda considerarse que los datos que se acaban de señalar sean propios de una “pandemia” que requieran un tratamiento urgente.
Como consecuencia, profesionalmente, esta sociedad exige a los médicos tener sus conocimientos actualizados sobre los nuevos avances y tratamientos que se van produciendo, el ser capaces de utilizar el instrumental sanitario más actual, mantener altos niveles de coordinación, seguir los protocolos establecidos para el diagnóstico y tratamiento de los síntomas que presentan los pacientes, informar y atender puntualmente tanto a los pacientes como a sus familiares, y sobre todo no cometer errores en sus diagnósticos y en los tratamientos que aplican. Sin embargo, este tipo de exigencias son mucho más laxas para los maestros y profesores.
Mientras para nosotros el derecho a la Educación no sea tan importante como el derecho a la Salud, será muy difícil que el fracaso escolar disminuya significativamente en nuestra sociedad.
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¡No al Fracaso Escolar! 