El fracaso escolar tiene, en primer lugar, un elevadísimo coste personal que marca en buena medida el futuro de los niños y jóvenes, y consecuentemente del conjunto de la sociedad de la que forman parte. Incide negativamente sobre su autoestima y el desarrollo de su personalidad, de sus capacidades, intereses, inquietudes, etc.
En términos puramente económicos el coste de la no calidad de la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO), en 2017 represento el equivalente al 6% del gasto anual de las distintas administraciones en estos periodos formativos. Esto supone más de 1.407 millones de euros/año, que es lo que corresponde a la atención educativa de los alumnos repetidores. En el curso 2016/17 repitieron curso en España más de 238 mil estudiantes en Primaria y en ESO, y el costo medio por estudiante según el Ministerio de Educación fue de 5903 euros.
A este gasto hay que añadir el que realizan las propias familias de los alumnos repetidores, más de 1.300 euros por estudiante según se desprende de los datos del gasto en consumo final de los hogares por finalidad que proporciona la Contabilidad Nacional.
En total, por tanto, el coste directo anual del fracaso escolar, medido exclusivamente en términos del gasto que implica la escolarización de los estudiantes repetidores en las educación obligatoria, es de unos 1.717 millones de euros anuales.
Las políticas que conllevan que los estudiantes repitan cursos son eminentemente muy costosas para los sistemas educativos y han demostrado que no mejoran el desempeño de los estudiantes o sus oportunidades de aprendizaje, no se justifican ni desde un punto de vista pedagógico ni de los resultados que se alcanzan, ya que estos en vez de mejorar empeoran, como se puede constatar a través de los informes PISA.
Si se analizan la consecuencias del fracaso escolar a largo plazo, el costo económico que tiene para los individuos y la sociedad es muchísimo más elevado. Es un terrible “lastre” para cualquier país y puede tener consecuencias nefastas.
A pesar de que en el actual contexto de crisis los títulos académicos se estén devaluando en el mercado de trabajo, y de que las personas se vean obligadas a aceptar trabajos cuyo desempeño está por debajo de su formación académica, sigue siendo cierto que las personas con un buen nivel formativo respecto a otras con un menor grado de formación:
- Tienen más posibilidades de acceder a puestos de trabajo mejor remunerados.
- El desempleo les castiga mucho menos (cada año adicional de escolarización reduce en un 9% la probabilidad de estar parado en España).
- Tienen mucho menor riesgo de caer en situaciones de pobreza o exclusión social.
- Tiene mejores condiciones laborales.
- Tienen mejores hábitos alimentarios.
- Etc.
Todo ello incide en su calidad de vida, en que su salud sea mejor, y por tanto en que tengan menor necesidad de hacer uso de los servicios sanitarios. Igualmente, van a requerir también del Estado menores prestaciones sociales o asistenciales.
El que los miembros de una sociedad cuenten con un buen nivel formativo incide sobre los hábitos y los comportamientos sociales, contribuye decisivamente a incrementar la cohesión social, y a disminuir en consecuencia los costes económicos ligados a la seguridad, la criminalidad, etc. Por otro lado, es un factor reactivador de los sectores productivos, ya que cuentan con mayor capacidad de gasto y con pautas de consumo más diversificadas.
Esto hace que reducir el fracaso escolar y aumentar la media de la formación de la sociedad sea rentable, no solo desde un punto de vista del desarrollo personal de los individuos, sino también económicamente para la sociedad. Se estima que la diferencia del aporte medio realizado entre una persona con estudios superiores y una con estudios primarios al Estado es del triple. Ángel de la Fuente en su trabajo “La rentabilidad privada y fiscal de la educación en España” muestra como con ello se logra que las personas estén en condiciones de aportar más a través de los impuestos (Seguridad Social, IRPF, etc.). De manera que buena parte del gasto inicial que realiza el Estado se recupera a través de los ingresos fiscales durante la vida laboral de las persona, y esto sería aún más si no tuviéramos las tasas de fracaso escolar que tenemos. Ya que implica un sobre coste que reduce la “rentabilidad” de la inversión en educación entre 2 y más de 4,5 puntos porcentuales (dependiendo del nivel formativo en el que se produzca), y para el erario público, incluyendo el valor presente de la pérdida de ingresos tributarios futuros, suponen en promedio un 60% del gasto directo del sector público en el sistema educativo.
Las estructuras económicas y empresariales que quieran ser competitivas en el actual contexto globalizado, generando productos con un elevado valor añadido, necesitan también personas con niveles altos de formación y cualificación. Este tipo de personas dotan igualmente al sector productivo de una mayor flexibilidad para adaptarse a las situaciones cambiantes, y reducir el impacto y la vulnerabilidad que supone para una sociedad las situaciones de crisis. Así se lo ha hecho saber a España la OCDE en su “Estudio Económico de España 2012”, donde le vuelve a insistir en que se reduzca drásticamente el porcentaje de estudiantes repetidores (por ser una medida educativa cara e ineficaz); y proporcione apoyo económico a las familias de entornos desfavorecidos para que sus hijos no dejen los estudios.
Por otra parte, el abandono temprano del sistema educativo implica contar con una fuerza laboral menos empleable, al estar menos formado y ser en consecuencia menos productiva. La reducción de la elevadísima tasa de abandono existente en España contribuiría a aumentar la tasa de actividad, a reducir el desempleo, a aumentar los incentivos a la formación continua y, en consecuencia, a impulsar la productividad y el potencial de crecimiento de la economía. Una reducción de la tasa de abandono desde la tasa actual (del 17,5%) hasta el 10%, de acuerdo con el objetivo que se ha establecido en la Unión Europea, aumentaría la tasa de actividad 0,6 puntos, reduciría la tasa de paro en 0,8 puntos y la tasa de temporalidad caería 0,4 puntos, mientras la productividad se vería impulsada en un 4,2% (proyección realizada a partir de datos de «Abandono temprano de la educación y la formación y desarrollo económico«, Educainee nº19, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2013).
Que el fracaso escolar sea una situación que se prolonga década tras década, independientemente de las coyunturas de bonanza o crisis, significa que no es un problema de carácter técnico o económico, sino que tiene un componente fundamentalmente ideológico. El Estado español, de facto, no ha hecho el esfuerzo necesario para garantizar una formación en términos de equidad e igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, para garantizar la inclusión educativa y la no discriminación, le sigue costando actuar como un elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, a tenor del perfil socioeconómico y cultural de los niños y jóvenes que en mayor medida se ven afectados por el fracaso escolar.
El Estado y la sociedad española vienen utilizando el sistema educativo como un mecanismo mas dirigido a mantener el estatus y los privilegios de las clases privilegiadas y de una parte de las clases medias, contribuyendo de esa manera a sostener un semi-cierre de clase al estilo del descrito por Max Weber o por El Roto:
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¡No al Fracaso Escolar! 